Regulación del Sistema Financiero

Los intermediarios y el conjunto de instituciones e infraestructuras que configuran un sistema financiero son en sí mismos respuestas a imperfecciones y fricciones que dificultan el encuentro directo de prestatarios y prestamistas en los mercados. Estas respuestas son, de un modo u otro, contratos, y como tales cabe concebir también a las regulaciones públicas.

Como actuación externa al mercado, la regulación incorpora nuevos contratos que sustituyen, modifican o condicionan los existentes. Las preguntas que cabe hacerse pasan, en muchas ocasiones, por cuestionar si la respuesta a dichas imperfecciones debe encontrarse en las leyes mercantiles, civiles, etc., de aplicación general, o en actuaciones sectoriales de índole administrativa.

Por otra parte, hay que tratar de trascender el ámbito más estricto de la regulación prudencial y de protección de los inversores para entrar en un terreno muy importante: el desarrollo de infraestructuras e instituciones que reduzcan imperfecciones del mercado y promuevan el buen funcionamiento y expansión del sistema financiero.

En general, todos los sistemas financieros están sujetos a regulación y supervisión, persiguiendo alguno o ambos de estos objetivos:

• La estabilidad del sistema financiero como tal, que, fundamentalmente, pasa por asegurar el buen funcionamiento regular de sus distintos mercados, así como por la vigilancia de la solvencia de las entidades participantes en el sistema.

• La protección de los consumidores de los servicios financieros, especialmente de aquellos más necesitados de esta protección por no disponer de los conocimientos necesarios o de los recursos adecuados para operar en ellos con las garantías suficientes.

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